Fuentes judiciales informaron que el operativo fue ordenado por el juez Ariel Lijo, que además dispuso que se refuerce la custodia de la magistrada a cargo del juzgado federal de Roque Saenz Peña.
El dato de que el abogado Carlos Salvatore (57) iba a matar a Niremperger surgió de una escucha telefónica que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le estaba realizando ayer al imputado, quien actualmente cumple arresto domiciliario por supuestos problemas de salud en el caso conocido como "Carbón Blanco".
"Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes (…) no me importa, no me importa, yo pago este homicidio, lo pago este homicidio, pero ella se muere", sostuvo Salvatore en una conversación mantenida con su esposa, Silvia Valles, detenida el martes en el marco de la misma investigación, informó un vocero judicial.
A raíz de esta amenaza, la Unidad Operacional Antiterrorista de la PSA realizó una denuncia ante Lijo, que estaba de turno, y por pedido del fiscal Diego Iglesias esta tarde dispuso el allanamiento de la casa de Salvatore, ubicada en Melián al 2100 de Belgrano.
En el operativo, efectivos de la PFA secuestraron "seis teléfonos celulares que serán sometidos a los peritajes de rigor, 60.000 dólares y 12.000 euros", dijeron los voceros consultados.
En la denuncia se explicó que se estaba efectuando la escucha telefónica por orden de la jueza Niremperger y de una de ellas surgieron "distintos elementos vinculados con la detención y la situación procesal de Valles, y el malestar generado en el entorno por los procedimientos ordenados en la causa".
En un momento determinado, Salvatore le dice a su mujer que iba a matar a la jueza, por lo que los efectivos de la PSA efectuaron la denuncia en forma urgente, teniendo en cuenta la gravedad de las amenazas.
Además, se tuvo en cuenta la magnitud de la organización presuntamente integrada por Salvatore y sus familiares, los medios económicos con los que cuenta y las distintas maniobras delictivas comprobadas hasta el momento.
Paralelamente al operativo, ante la posibilidad de que se concreten las amenazas, Lijo dispuso que con carácter urgente se refuerce la custodia con que cuenta la jueza Niremperger.
Salvatore, así como los empresarios Patricio Gorosito y Juan Carlos Pérez Parga y los comerciantes Rubén Esquivel y Héctor Roberto, están a punto de ser sometidos a juicio oral en Chaco por el envío en 2012 de unos mil kilos de cocaína a Portugal, finalmente secuestrados cerca de Lisboa y en el puerto de Buenos Aires.
La droga, oculta en bolsas de carbón, formaba parte de embarques pertenecientes a la firma Carbón Vegetal del Litoral SRL, con asiento en Quitilipi (Chaco), e inspeccionados en la aduana de Barranqueras, en la misma provincia.
A partir de esa causa, el fiscal Carlos Gonella, de la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC), empezó a investigar los millonarios negocios de la organización, que en los últimos días derivaron en nuevas detenciones y 39 allanamientos en distintos puntos del país.
Entre ellas estuvieron la de la mujer de Salvatore en su casa de Belgrano y la del abogado Mariano Castellucci, funcionario de la Universidad Nacional de Mar del Plata y vinculado al radicalismo de esa ciudad.
Algunos de los inmuebles allanados fueron viviendas particulares y otros pertenecían a empresas, estudios jurídicos, notariales y contables, y la sede del club Huracán en el barrio porteño de Parque de los Patricios, ya que la organización estaría vinculada con el pase de un jugador de fútbol.
Además, la jueza volvió a pedir la detención de Salvatore en una cárcel común, ya que no está convencida de que tenga problemas de salud como considera el tribunal oral que dispuso su "arresto domiciliario hasta el juicio", señalaron los voceros.
Fuentes judiciales informaron que el operativo fue ordenado por el juez Ariel Lijo, que además dispuso que se refuerce la custodia de la magistrada a cargo del juzgado federal de Roque Saenz Peña.
El dato de que el abogado Carlos Salvatore (57) iba a matar a Niremperger surgió de una escucha telefónica que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le estaba realizando ayer al imputado, quien actualmente cumple arresto domiciliario por supuestos problemas de salud en el caso conocido como "Carbón Blanco".
"Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes (…) no me importa, no me importa, yo pago este homicidio, lo pago este homicidio, pero ella se muere", sostuvo Salvatore en una conversación mantenida con su esposa, Silvia Valles, detenida el martes en el marco de la misma investigación, informó un vocero judicial.
A raíz de esta amenaza, la Unidad Operacional Antiterrorista de la PSA realizó una denuncia ante Lijo, que estaba de turno, y por pedido del fiscal Diego Iglesias esta tarde dispuso el allanamiento de la casa de Salvatore, ubicada en Melián al 2100 de Belgrano.
En el operativo, efectivos de la PFA secuestraron "seis teléfonos celulares que serán sometidos a los peritajes de rigor, 60.000 dólares y 12.000 euros", dijeron los voceros consultados.
En la denuncia se explicó que se estaba efectuando la escucha telefónica por orden de la jueza Niremperger y de una de ellas surgieron "distintos elementos vinculados con la detención y la situación procesal de Valles, y el malestar generado en el entorno por los procedimientos ordenados en la causa".
En un momento determinado, Salvatore le dice a su mujer que iba a matar a la jueza, por lo que los efectivos de la PSA efectuaron la denuncia en forma urgente, teniendo en cuenta la gravedad de las amenazas.
Además, se tuvo en cuenta la magnitud de la organización presuntamente integrada por Salvatore y sus familiares, los medios económicos con los que cuenta y las distintas maniobras delictivas comprobadas hasta el momento.
Paralelamente al operativo, ante la posibilidad de que se concreten las amenazas, Lijo dispuso que con carácter urgente se refuerce la custodia con que cuenta la jueza Niremperger.
Salvatore, así como los empresarios Patricio Gorosito y Juan Carlos Pérez Parga y los comerciantes Rubén Esquivel y Héctor Roberto, están a punto de ser sometidos a juicio oral en Chaco por el envío en 2012 de unos mil kilos de cocaína a Portugal, finalmente secuestrados cerca de Lisboa y en el puerto de Buenos Aires.
La droga, oculta en bolsas de carbón, formaba parte de embarques pertenecientes a la firma Carbón Vegetal del Litoral SRL, con asiento en Quitilipi (Chaco), e inspeccionados en la aduana de Barranqueras, en la misma provincia.
A partir de esa causa, el fiscal Carlos Gonella, de la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC), empezó a investigar los millonarios negocios de la organización, que en los últimos días derivaron en nuevas detenciones y 39 allanamientos en distintos puntos del país.
Entre ellas estuvieron la de la mujer de Salvatore en su casa de Belgrano y la del abogado Mariano Castellucci, funcionario de la Universidad Nacional de Mar del Plata y vinculado al radicalismo de esa ciudad.
Algunos de los inmuebles allanados fueron viviendas particulares y otros pertenecían a empresas, estudios jurídicos, notariales y contables, y la sede del club Huracán en el barrio porteño de Parque de los Patricios, ya que la organización estaría vinculada con el pase de un jugador de fútbol.
Además, la jueza volvió a pedir la detención de Salvatore en una cárcel común, ya que no está convencida de que tenga problemas de salud como considera el tribunal oral que dispuso su "arresto domiciliario hasta el juicio", señalaron los voceros.